La Fiscalía General de la Nación ha ejecutado la primera extinción de dominio sobre una vivienda en el norte de Bogotá, utilizada para la explotación sexual de menores de edad bajo la fachada de un negocio de webcams. El inmueble, ubicado en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba, está avaluado en 1.000 millones de pesos y pasará a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La investigación, que se inició tras las denuncias de vecinos sobre la inusual actividad en la casa, reveló que el lugar, en apariencia una vivienda familiar, había sido acondicionado con cámaras, luces y conexiones a internet para grabar a niñas y adolescentes desnudas. Estos videos, posteriormente, eran exhibidos y compartidos en plataformas virtuales de contenido explícito.
“Entraban y salían mujeres, como si fuera un salón de belleza”, relataron algunos vecinos, quienes notaron con preocupación que las “nuevas inquilinas” que aparecían cada semana parecían demasiado jóvenes. La información llegó a la Fiscalía, que de inmediato inició la investigación.
Los elementos probatorios recopilados confirmaron que la casa se había convertido en un centro de operación para servicios de webcams, donde lamentablemente se permitía la participación de menores de edad. “Las adolescentes, de acuerdo con la Fiscalía, eran explotadas sexualmente”, se lee en el comunicado del ente acusador.
Como resultado de la investigación, varias personas han sido judicializadas, y el arrendatario de la casa ya fue condenado por el delito de estímulo a la prostitución de menores de edad. Uno de los casos documentados fue el de una niña de 13 años que presuntamente fue sometida en vivo a diferentes vejámenes sexuales.
Esta acción de la Fiscalía marca un precedente importante en la lucha contra la explotación sexual de menores en el país, especialmente en un contexto donde numerosas viviendas, con la fachada de negocios legales, se han convertido en escenarios de este aberrante delito.
En el marco de la operación, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo sobre la vivienda. Adicionalmente, 27 bienes avaluados en más de 7.000 millones de pesos, vinculados a la red de explotación, también fueron ocupados con fines de extinción de dominio.