El presidente Gustavo Petro firmó este martes el decreto que convoca oficialmente una consulta popular sobre las reformas sociales impulsadas por su gobierno, en especial la reforma laboral, luego de que estas fueran archivadas o bloqueadas en el Congreso. El documento ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión previa, paso obligatorio antes de convocar al voto ciudadano.
El decreto, según fuentes de la Casa de Nariño, incluye 12 preguntas centradas en aspectos laborales, pensionales y de salud. Aunque aún no se ha publicado el texto completo, el Gobierno asegura que fue elaborado con asesoría jurídica de los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, con el objetivo de blindarlo legalmente ante una posible lluvia de demandas.
“El presidente tiene la facultad constitucional de convocar a consulta popular si el Congreso archiva o niega reformas fundamentales”, declaró un alto funcionario del Ejecutivo que pidió no ser citado. Sin embargo, la decisión ha provocado un fuerte rechazo por parte de sectores de oposición, que califican el decreto como un “asalto a la institucionalidad” y un intento de sustraerle al Congreso su rol legislativo.
Desde la bancada del Centro Democrático, senadores como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe anunciaron acciones jurídicas ante el Consejo de Estado, alegando que el Ejecutivo no puede insistir en una reforma ya negada mediante una consulta popular sin autorización del Legislativo.
Otro de los puntos que ha generado controversia es el clima de presión al interior del gabinete. Trascendió que al menos dos ministros expresaron reservas sobre el decreto, pero que desde Palacio se les habría advertido que “quien no firme, tendrá que salir del gobierno”.
El camino jurídico de la consulta aún es incierto. La Corte deberá evaluar si las preguntas cumplen con los requisitos de claridad, viabilidad y unidad temática, y si respetan las competencias del Congreso. Mientras tanto, el Gobierno busca respaldo popular para legitimar su agenda reformista, y la oposición se organiza para convocar marchas y actos de protesta en varias ciudades del país.