La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas con destitución e inhabilidad por 20 años por su responsabilidad en la muerte de un ciudadano venezolano durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Soacha. La entidad concluyó que el uniformado hizo uso desproporcionado e indiscriminado de su arma de fuego, violando protocolos policiales y principios fundamentales del uso de la fuerza.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la estación de Policía del barrio León XIII, donde Márquez Rojas disparó contra la multitud, en un contexto de alta tensión social. Según el fallo de primera instancia, el patrullero actuó con dolo y desconoció los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución, transgrediendo derechos humanos fundamentales, como lo establece el derecho internacional.
Otro uniformado involucrado, Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, también fue sancionado, aunque con una inhabilidad de 8 años, por uso imprudente de su arma de dotación en el mismo operativo. La Procuraduría consideró que incurrió en falta de culpa gravísima al disparar de forma irresponsable y poner en riesgo la vida de los manifestantes.
El fallo aún puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en la urgencia de reformar los protocolos de la Policía Nacional para evitar que se repitan hechos similares.
Este caso se suma a una serie de investigaciones por presunto abuso policial en el contexto de manifestaciones sociales, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad del Estado en el control del orden público y el respeto a los derechos fundamentales.