Un estremecedor caso de maltrato infantil fue revelado tras la captura de una pareja en Cali, señalada de someter a dos menores de edad —niña y niño, ambos de 12 años— a actos sistemáticos de violencia física y psicológica durante años. Lo más alarmante: una de las personas investigadas era funcionaria pública en el momento en que ocurrieron los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación se inició el pasado 20 de febrero, luego de que una menor ingresara a una clínica en Buenaventura con múltiples señales de abuso: hematomas, laceraciones, cicatrices y lesiones que evidenciaban golpizas reiteradas con objetos contundentes.
Según el material probatorio, la niña y su hermano fueron acogidos por la pareja desde 2019, cuando tenían seis años, aunque sin un proceso legal de adopción. Desde entonces, habrían sido víctimas de una cadena prolongada de violencia y explotación, en un contexto que las autoridades califican como tortura agravada y trata de personas con fines de servidumbre.
Los menores habrían sido obligados a realizar todas las labores domésticas. En caso de cualquier incumplimiento, eran sometidos a castigos crueles como inmersiones forzadas en agua, privación de alimentos, y golpizas con objetos. Los testimonios y exámenes médicos confirmaron una situación de violencia sistemática.
Tras la denuncia y posterior avance de la investigación, los presuntos responsables fueron capturados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula de la Armada Nacional en la ciudad de Cali, a donde se habrían trasladado para evadir a la justicia.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía les formuló cargos por los delitos de tortura agravada, trata de personas con fines de servidumbre doméstica y violencia intrafamiliar. Aunque ambos se declararon inocentes, una jueza de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Actualmente, los dos menores se encuentran bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que adelanta el proceso de restablecimiento de derechos y atención integral.
Este caso ha generado indignación en Buenaventura y el Valle del Cauca, no solo por la gravedad de los hechos, sino también porque una de las personas acusadas ocupaba un cargo público, lo que para muchos agrava la traición a la confianza ciudadana.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y advirtieron que este tipo de crímenes no quedarán impunes.
