El Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional el decreto presidencial 0639 de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro convocaba a una consulta popular nacional. La medida, adoptada por la Sección Quinta del alto tribunal, congela los efectos del decreto mientras se estudia su legalidad de fondo.
Según el Consejo, el decreto constituye un acto de contenido electoral y, al haber sido expedido por una autoridad nacional —la Presidencia de la República—, requería previamente el concepto favorable del Senado de la República, tal como lo establece el artículo 104 de la Constitución. Este paso no se cumplió, pues el Senado rechazó formalmente la iniciativa en una votación celebrada el pasado 14 de mayo.
La suspensión fue decretada tras la admisión de una demanda de nulidad contra el decreto, en la que se solicitaban medidas cautelares para evitar que se continuara con el proceso de convocatoria hasta que se resolviera el fondo del asunto.
La decisión del Consejo de Estado se suma a las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tras el revés en el Senado, el presidente Petro expidió el decreto amparado en lo que denominó una “excepción de inconstitucionalidad”, argumentando vicios en el trámite legislativo. No obstante, desde distintos sectores políticos y académicos se cuestionó la legalidad de ese proceder.
El caso también está siendo revisado por la Corte Constitucional, que estudia varias demandas contra el decreto y podría pronunciarse en los próximos días.
Por ahora, la Registraduría Nacional, encargada de organizar la eventual consulta, ha suspendido cualquier actuación relacionada con el proceso, a la espera de conceptos jurídicos definitivos por parte de los máximos tribunales del país.
Esta nueva decisión judicial deja en vilo la propuesta de consulta popular con la que el Gobierno pretendía legitimar su plan de reformas estructurales y consultar directamente al pueblo sobre temas clave como salud, pensiones, servicios públicos y modelo económico.