La representante Alexandra Vásquez confirmó que las fases II y III siguen con incumplimientos gigantescos
TransMilenio hasta Soacha, una de las obras que sigue sin entregarse para el beneficio de miles de habitantes que se mueven diariamente entre el municipio y Bogotá, tiene un importante retraso, el cual fue publicado por las interventorías Consorcio TPF-Iceacsa e Interdiseños Internacional SAS ,y alertado por la representante por Cundinamarca Alexandra Vásquez.
“El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, se la pasan cada 8 días en el patio taller, diciendo que la obra va espectacular y que hay un avance del 56%. Lo que no cuentan es que esta obra tiene un retraso de casi el 30%. Esta obra debería estar en un 86%. Y esto no lo digo yo, lo dice las mismas interventorías”, sostuvo la congresista.
Vásquez reiteró que la interventorías han insistido constantemente a los contratistas en la necesidad de aumentar recursos y activar los frentes de obra que tienen pista libre para actuar y que dependen de terceros. En el mismo sentido, recalca que ha habido más de 6 requerimientos en los que insta a los mismos a cumplir la ejecución de las obras en el sector 11 y los incumplimientos sociales.
“8 años llevan los soachunos esperando la ampliación del TransMilenio. Más de 893.000 millones de pesos comprometidos y hoy la obra sigue sin entregar, pero los contratos y pagos sí han sido puntuales para los contratistas”, agregó.
En el mismo sentido, aseguró que estos retrasos se deben a la pésima planeación de los estudios y diseños, poniendo de ejemplo al colector pluvial o colector de agua lluvia, cuya construcción fue incluida en la ejecución de las fases II y III de TransMilenio a Soacha, obra que, según ella, fue mal planeada desde el inicio, ya que hay predios claves sin entregar, permisos ambientales tardíos y redes sin inventariar.
“Mientras tanto, casi un millón de habitantes de Soacha viven entre trancones, polvo y ruido. ¿Y dónde está el plan de contingencia? Eso no es solo salir en medios, como lo hizo ‘Perico’, a decir que ‘va a reducir la autopista sur de tres a dos carriles’, cuando el panorama tampoco es alentador en las vías alternas, como la avenida Las Torres, la cual debería tener un 80% de avance, pero su ejecución real está en un 39%”, detalló.
Contratistas con antecedentes negativos
Frente a los contratistas encargados, resaltó que del lote 1 hacen parte el Consorcio Vial de Soacha, que está conformada por Mario Alberto Huertas Cotes, con el 65 %, y quien por la construcción de la troncal de TransMilenio de la 80 terminó en un proceso penal que le dictó medida de aseguramiento, sin embargo, este proceso precluyó sin condena. Por otra parte, Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S., el otro contratista que tiene el 35% de participación en este lote, es una de las empresas que ha sido fuertemente cuestionadas por los retrasos en las obras de la troncal de la Avenida 68.
Mientra que Constructora Conconcreto S.A, responsable del lote 2, fue señalada en el escándalo de Hidroituango, que en 2021 derivó en un fallo adverso de la Contraloría General por más de cuatro billones de pesos, lo que la llevó a iniciar un proceso de reorganización empresarial; sin embargo, posteriormente un fallo arbitral determinó que no tuvo responsabilidad en la emergencia de 2018. Asimismo, ha sido señalada por el bajo avance y las irregularidades en la obra de la intersección de la Autopista Sur con la Avenida Bosa.
Finalmente, la representante Alexandra Vásquez advirtió que el análisis del impacto urbanístico y social de las fases II y III de TransMilenio en Soacha revela riesgos significativos, como posible desplazamiento de población y aumento de precios que empujan a familias de bajos ingresos a zonas alejadas.
“También se podría generar gentrificación y pérdida del tejido social, así como presión sobre servicios públicos y espacios verdes. La expansión urbana desordenada, la falta de coordinación institucional y las afectaciones durante la construcción agravan los problemas, generando congestión, riesgos ambientales y sociales, además de impactos negativos en la economía local y la calidad de vida de los habitantes”, concluyó.