
La Comisión Cuarta del Senado archivó este martes la ponencia alternativa de la senadora Aída Avella a la reforma laboral, con 12 votos en contra, uno a favor y dos ausencias. Avella, integrante de la coalición de gobierno por la Unión Patriótica, propuso un texto que buscaba retomar los lineamientos aprobados previamente por la Cámara de Representantes y que, según ella, se habían desvirtuado en la ponencia mayoritaria.
El hundimiento de esta alternativa se da en medio de una tormentosa discusión política en torno a la reforma laboral, una de las iniciativas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Tras la caída de la consulta popular en la plenaria del Senado a finales de abril, el Gobierno apeló la decisión, lo que permitió revivir el debate en la Comisión Cuarta. Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió posibles vicios de trámite en el archivo inicial de la consulta, lo que mantiene abierta la posibilidad de que sea convocada nuevamente, generando incertidumbre jurídica y política.
La ponencia de Avella era vista por algunos sectores de izquierda como una manera de salvar el espíritu original de la reforma, centrado en la ampliación de derechos laborales, el fortalecimiento de la estabilidad en el empleo y el fomento a la sindicalización. No obstante, su iniciativa fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, incluidos varios del Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical, que han expresado reparos frente al impacto económico de algunas de las propuestas del Gobierno.
El rechazo de esta ponencia representa un nuevo revés para el Ejecutivo, que ha enfrentado obstáculos en el Congreso con varias de sus reformas estructurales. La reforma a la salud fue archivada en abril, y la pensional aún está pendiente de su votación definitiva. Mientras tanto, la reforma laboral continúa su trámite con la discusión de la ponencia mayoritaria, prevista para esta tarde, en medio de un ambiente de polarización política y presión desde los gremios y centrales obreras.
El futuro de la iniciativa aún es incierto. Aunque el Gobierno insiste en su necesidad para reducir la informalidad y mejorar las condiciones de los trabajadores, los sectores empresariales han alertado sobre posibles efectos negativos en la generación de empleo. El Congreso, por su parte, sigue dividido, lo que augura un debate tenso en los próximos días.