En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, el presidente Gustavo Petro anunció este martes, durante una alocución presidencial, que convocará por decreto la consulta popular que fue archivada por el Senado el pasado 14 de mayo. La decisión ha generado un fuerte debate político y jurídico por su posible choque con el principio de separación de poderes.
“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, declaró el mandatario.
La medida ha sido calificada por sectores políticos como una posible ruptura del orden institucional. Petro argumentó que el trámite legislativo que archivó la iniciativa estuvo viciado y que, por tanto, carecería de validez jurídica. Aseguró además que esta semana enviará el decreto a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre su legalidad.
Horas antes de la alocución, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había anticipado la intención del Gobierno y reveló que existe un borrador con 12 preguntas para la consulta, el cual habría sido revisado por constitucionalistas, aunque no se revelaron sus nombres. Según Benedetti, la decisión del Senado es “inexistente” por vicios insubsanables.
También intervino el exfiscal y exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre, quien asesora jurídicamente al Gobierno. Según él, la Presidencia encontró irregularidades graves en el trámite legislativo que justificarían la convocatoria por decreto antes del próximo 11 de junio.
“Como la decisión es inexistente, el Presidente puede convocar vía decreto la consulta”, aseguró Montealegre.
Sin embargo, la respuesta del Legislativo no se hizo esperar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó enfáticamente el anuncio, señalando que se trata de una “ruptura de los poderes públicos”.
“No solamente se desconoce al Congreso, que legítimamente rechazó la consulta, sino también al poder judicial, que es el único facultado para revisar posibles irregularidades. Si el Gobierno insiste, incurriría en lo que puede considerarse un golpe de Estado”, advirtió.
A las críticas se sumó el exsenador y excandidato presidencial Humberto de la Calle, quien aseguró que el Ejecutivo está suplantando el rol del juez contencioso al declarar inválida una decisión del Congreso.
“Eso no lo puede decidir el Gobierno, sino los jueces. Benedetti está usurpando funciones judiciales. Es un golpe de Estado, y no tan blando”, afirmó en declaraciones a El Tiempo.
La propuesta de consulta popular ha estado ligada a temas clave para el Gobierno como la reforma laboral, uno de los pilares del llamado “cambio” impulsado por Petro. Sin embargo, su reiterada oposición en el Congreso ha dificultado su avance.
Ahora, con la decisión presidencial de acudir al decreto, el país se encuentra frente a un posible choque de trenes institucional entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Constitucional, que tendrá en sus manos la decisión final sobre la legalidad del mecanismo propuesto.
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