La justicia avanza en un caso que ha generado profunda indignación a nivel nacional: tres uniformados de la Policía Nacional fueron enviados a prisión por su presunta responsabilidad en un brutal caso de tortura que dejó a un ciudadano con lesiones permanentes, incluida la amputación de un brazo.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo de 2024 en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. Los agentes, identificados como el subintendente William Andrés Rayo Jiménez y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toledo Hurtado, habrían detenido arbitrariamente a la víctima y lo trasladaron a la estación de Policía local, donde presuntamente lo mantuvieron retenido durante más de 12 horas y lo sometieron a agresiones físicas severas.
Durante ese tiempo, el hombre habría sido golpeado en repetidas ocasiones, dejándolo en un estado crítico. Según el ente acusador, los policías falsificaron información en el libro de población de la estación, indicando que el ciudadano había salido en buen estado, versión que fue desmentida por los hechos posteriores.
Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada por sus familiares a un centro hospitalario, donde requirió ingreso a cuidados intensivos. Fue allí donde los médicos determinaron la necesidad de amputar uno de sus brazos, además de tratarle otras lesiones internas, como en el bazo.
Inicialmente, los uniformados enfrentaban el proceso en libertad. No obstante, tras una apelación de la Fiscalía, un juez de circuito ordenó medidas más severas y emitió órdenes de captura, las cuales fueron ejecutadas en Palmira (Valle del Cauca) y Pasto (Nariño) gracias a un operativo conjunto entre el CTI y la Sijín.
Los acusados ahora deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel de la Policía Nacional ubicada en Facatativá, Cundinamarca. En su contra avanzan los procesos por los delitos de tortura agravada, secuestro y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía recalcó que este caso pone de relieve la necesidad de garantizar justicia y transparencia en hechos donde se vulneran los derechos humanos, especialmente cuando los presuntos responsables son funcionarios públicos encargados de proteger a la ciudadanía.
Por ahora, las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo sucedido y determinar si hubo participación de otros funcionarios. Los familiares de la víctima, quienes han acompañado el proceso judicial, esperan que se haga justicia y que este caso no quede en la impunidad.