Una ola de indignación sacude a la ciudad de Cúcuta luego de que se conociera el caso de maltrato animal que terminó con la vida de una perrita en condición de desnutrición severa, y cuyo presunto agresor fue dejado en libertad por parte de las autoridades judiciales.
De acuerdo con los reportes ciudadanos y la información confirmada por la Policía de Carabineros, el hecho ocurrió en una vivienda de la capital nortesantandereana, cuando un hombre, al notar que el animal había ingerido parte de su almuerzo —específicamente, algunos sorbos de una sopa—, reaccionó con violencia. Según testigos, el sujeto arrastró a la perrita hasta el patio trasero de la casa, donde la colgó, provocándole una muerte agónica.
La comunidad, alarmada por los lamentos del animal, se acercó al lugar minutos después y registró la escena en fotografías, las cuales fueron presentadas como prueba ante las autoridades competentes. Uniformados de la Policía de Carabineros acudieron al sitio y atendieron el caso.
Sin embargo, pese a la evidencia del delito y al clamor ciudadano por justicia, el agresor fue dejado en libertad, argumentando que su edad —no especificada públicamente— era un factor determinante para evitar una medida de detención intramural. La única disposición impuesta fue su obligación de presentarse periódicamente ante un juez.
Este desenlace ha provocado reacciones de rechazo en redes sociales, donde ciudadanos, organizaciones animalistas y defensores de los derechos de los animales han solicitado a la Fiscalía General de la Nación reabrir el caso con celeridad y garantizar que este tipo de hechos no queden impunes.
El caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de la Ley 1774 de 2016, que penaliza el maltrato animal en Colombia y establece sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión para quienes incurran en actos de crueldad contra los animales. No obstante, organizaciones defensoras denuncian que, en la práctica, las decisiones judiciales continúan dejando vacíos que permiten la impunidad.
En medio de la indignación, la comunidad espera que la Fiscalía se pronuncie frente al caso y que hechos como este no vuelvan a repetirse sin consecuencias judiciales reales.