En Bucaramanga crece la indignación ciudadana tras conocerse la decisión judicial que dejó en libertad a Alexander Parra Carrillo, de 50 años, señalado y confeso asesino de un gato de nombre Michyn.
El crimen ocurrió el pasado 7 de mayo, cuando Parra ahorcó al animal en una esquina del cambuche donde residía, hecho que quedó registrado en video y generó conmoción en redes sociales y entre defensores de animales.
De acuerdo con la investigación, el hombre habría cometido actos de crueldad contra más de un animal en el barrio, lo que reforzaba el carácter serial de su comportamiento. Sin embargo, pese a la gravedad del delito, Parra alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado el 11 de agosto de 2025 por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga a 24 meses de prisión y multa de 15 salarios mínimos legales vigentes.
La sentencia, enmarcada dentro de la llamada “Ley Ángel”, concedió al condenado el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años, lo que permitió su excarcelación. El 14 de agosto se elaboró la boleta de libertad que oficializó su salida.
Para organizaciones animalistas, esta decisión judicial sienta un grave precedente de impunidad frente a los delitos de maltrato animal en Colombia, pues consideran que la pena resulta irrisoria frente a la brutalidad del caso.
“Seguiremos luchando para que los crímenes contra los animales sean castigados de manera ejemplar y se fortalezcan las leyes en contra de los maltratadores”, señalaron voceros de colectivos animalistas en Bucaramanga.
El caso de Michyn ha reavivado el debate sobre la efectividad de la Ley 1774 de 2016 y de las recientes reformas conocidas como “Ley Ángel”, que buscaban endurecer las sanciones contra quienes maltraten o asesinen animales en el país.