La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una acción de cumplimiento que pretendía frenar la transmisión pública de los consejos de ministros en Colombia. La demanda alegaba que el presidente de la República estaba violando la Ley 63 de 1923, que según el demandante impone reserva total a estas reuniones.
Sin embargo, el alto tribunal interpretó que la norma no obliga de manera absoluta a mantener en secreto estos espacios. Señaló que solo aplica reserva cuando los consejos se convoquen como “cuerpo consultivo” del presidente, es decir, cuando se traten asuntos sensibles que podrían afectar derechos fundamentales.
Cuando los consejos sean de carácter informativo o deliberativo, su transmisión puede ser pública, y es el jefe de Estado quien debe definir su contenido, asumiendo la responsabilidad correspondiente si se llegara a vulnerar la Constitución.
“No se trata de una regla que opera de manera automática y genérica”, indica el fallo. Además, si se presentara un eventual incumplimiento, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes será la encargada de definir si procede una acción disciplinaria, penal o civil contra el presidente.
Con este fallo, se mantiene la posibilidad de que los colombianos sigan teniendo acceso a los consejos de ministros, fortaleciendo así la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión pública.
