Una grave situación de orden público conmociona al municipio de Jamundí tras el secuestro de un niño de 11 años, ocurrido la noche del sábado 3 de mayo en el corregimiento de Potrerito. Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que cinco hombres fuertemente armados irrumpieron en la vivienda familiar y se llevaron al menor, identificado como Lyan José Hortúa Bonilla.
En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa a los sujetos vestidos de negro y con pasamontañas ingresar por la cocina a las 7:34 p.m., intimidando con armas de corto y largo alcance a cuatro personas que se encontraban en el lugar. En medio del caos, se escucha a una empleada doméstica, vestida con uniforme naranja, suplicar: “Yo solo estaba haciendo la comida”, mientras uno de los captores exige: “Que salga el muchacho, el pelaito, dónde está el pelao, dígale que salga”.
Los delincuentes se movilizaron por toda la vivienda, subiendo y bajando escaleras con rapidez. En uno de los videos, se ve a un hombre saliendo con un bebé en brazos, mientras otros inspeccionaban las habitaciones. Finalmente, el menor fue encontrado y raptado junto con la empleada doméstica, quien fue liberada horas después. El paradero de Lyan José sigue siendo desconocido más de 60 horas después del hecho.
Según expertos en análisis de audio citados por El Tiempo, al menos tres de los hombres armados tendrían acento caucano, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que el niño podría haber sido trasladado fuera del Valle del Cauca. Las camionetas utilizadas en el secuestro están siendo rastreadas.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, atribuyó el hecho al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, liderado por alias Mordisco, cuyo cabecilla en la zona sería alias Marlon. En un comunicado oficial, el ministro afirmó: “Secuestrar a un niño de 11 años es cruzar todos los límites del horror”.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se pronunció en sus redes sociales, anunciando una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a la liberación del menor. Por su parte, unidades del Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía adelantan operativos e investigaciones en la región.
La Procuraduría General de la Nación designó un agente especial para hacer seguimiento permanente al proceso penal, en un intento por reforzar las acciones institucionales en este caso que ha generado repudio a nivel nacional.
Mientras tanto, la comunidad del corregimiento Potrerito ha comenzado jornadas de movilización en apoyo a la familia del niño y exige respuestas inmediatas al Estado.