La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Liberal, por su presunta implicación en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno: el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Calle fue detenido y trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá, tras ser vinculado con el desvío de recursos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira, vehículos que nunca llegaron a su destino. Según las investigaciones, el congresista habría recibido un soborno de 1.000 millones de pesos a cambio de facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.
La Corte abrió una investigación formal por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, sustentada en los testimonios de exfuncionarios de la UNGRD, como Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes firmaron acuerdos con la Fiscalía y señalaron a Calle como receptor de pagos en efectivo para apoyar al gobierno.
El Partido Liberal anunció la apertura de una investigación ética y disciplinaria contra Calle y expresó su rechazo ante hechos que “atentan contra la dignidad y el decoro de la democracia”.
En su defensa, el excongresista ha negado todas las acusaciones, argumentando que se trata de testimonios construidos en busca de beneficios judiciales:
“Se ha vuelto costumbre delinquir y luego buscar beneficios procesales a cambio de ofrecer información construida a través de relaciones falsas”, afirmó Calle.
El caso también salpica a Iván Name, expresidente del Senado y miembro del Partido Alianza Verde, quien fue capturado por su presunta participación en el mismo esquema. Ambos políticos perderán sus curules mientras avanza el proceso judicial, sin posibilidad de ser reemplazados en el Congreso.
Este nuevo capítulo en la investigación de la UNGRD profundiza la crisis institucional y golpea al gobierno del presidente Gustavo Petro, justo cuando impulsa una consulta popular clave para su agenda de reformas. La opinión pública y los sectores políticos observan con atención el avance de las investigaciones y el impacto que este escándalo pueda tener en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.