En medio del aniversario número cuatro del régimen de excepción, Nayib Bukele logró un nuevo respaldo a su política de seguridad luego de que el Congreso de El Salvador aprobara la prisión perpetua para menores de 18 años. La medida aplica para delitos graves como homicidio, violación y vínculos con pandillas, y refuerza la estrategia de “mano dura” que ha marcado su administración.
Desde el Ejecutivo, el gobierno sostiene que el régimen de excepción ha sido clave para debilitar a las maras, recuperar territorios y reducir de forma significativa los índices de homicidios, que durante años posicionaron al país entre los más violentos del mundo. La reforma constitucional fue respaldada por la Asamblea Legislativa, donde el partido oficialista Nuevas Ideas cuenta con una amplia mayoría, lo que facilitó su aprobación sin mayores obstáculos políticos.
Sin embargo, la decisión ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones a garantías fundamentales. Denuncian detenciones arbitrarias, abusos y el impacto de estas medidas en menores de edad, lo que ha reavivado el debate internacional sobre los límites entre seguridad y derechos humanos en el país centroamericano.