Un juez de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro rectificarse públicamente tras haber señalado a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, de ser “cómplice” de los falsos positivos, durante una intervención política realizada en 2023. La decisión judicial le da al mandatario cinco días hábiles para cumplir con la orden, lo que ha generado un nuevo debate sobre los límites del discurso político y la libertad de expresión.
Según el fallo, emitido por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá, las declaraciones del presidente fueron consideradas “infundadas y lesivas del buen nombre” de la congresista. El despacho concluyó que Petro no aportó pruebas que sustentaran sus afirmaciones, por lo que deberá emitir una retractación y ofrecer excusas públicas a través de los mismos canales donde realizó los señalamientos: su cuenta de X (antes Twitter) y medios de comunicación oficiales.
“Las afirmaciones del presidente no tienen respaldo probatorio y vulneran los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la senadora”, señala la decisión judicial.
La controversia surgió luego de que, en medio de una discusión política, Petro acusara a Valencia de “defender o justificar” a miembros del Ejército implicados en ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como falsos positivos. En su momento, la senadora respondió rechazando categóricamente las acusaciones y presentó una acción de tutela, alegando afectación a su reputación y seguridad personal.
El fallo no solo obliga al mandatario a retractarse, sino que también reaviva la tensión política entre el Gobierno y la oposición, marcada por constantes enfrentamientos en redes sociales y en el Congreso. Desde el Palacio de Nariño, fuentes cercanas al presidente afirmaron que su equipo jurídico analiza la posibilidad de apelar la decisión.
Por su parte, Paloma Valencia celebró la sentencia a través de sus redes sociales:
El caso pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites del discurso político en Colombia, especialmente cuando proviene de figuras con poder institucional. Expertos en derecho constitucional advierten que, si bien la libertad de expresión protege el debate público, esta no ampara acusaciones sin sustento que afecten la reputación de terceros.
La decisión se suma a otros episodios recientes donde tribunales han exigido retractaciones a funcionarios públicos, marcando un precedente en la responsabilidad comunicativa de los líderes políticos del país.