Una profunda consternación embarga al municipio de Lebrija tras la captura y posterior detención preventiva de Óscar Humberto Prada Franco, de 50 años. La Fiscalía General de la Nación lo señala como el presunto responsable de la agresión sexual de una niña de tan solo 11 años.
Las primeras pesquisas revelan un modus operandi escalofriante: Prada Franco, aprovechándose de su rol como transportador escolar, habría desviado la ruta habitual para llevar a la menor a lugares apartados, donde presuntamente cometía los abusos.
Un juez de control de garantías de Lebrija, tras evaluar la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, dictaminó la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el acusado. Los delitos imputados son acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos, ambos presuntamente perpetrados contra la misma víctima durante un extenso periodo que abarca desde el año 2024 hasta lo que va del presente 2025.
La investigación ha destapado un presunto abuso de confianza por parte de Prada Franco, quien se habría valido de la credibilidad depositada en él por la familia de la menor. En lugar de seguir el trayecto escolar establecido, el detenido supuestamente modificaba la ruta deliberadamente, dirigiéndose a zonas despobladas donde la niña quedaba en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las autoridades no descartan la existencia de otras conductas delictivas por parte del procesado. Se investiga si Prada Franco habría ofrecido dinero a la menor a cambio de fotografías íntimas o para que accediera a otras de sus peticiones.
La captura de Prada Franco fue el resultado de un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, llevada a cabo en una vía pública de Lebrija. Durante la audiencia judicial, el acusado negó rotundamente las acusaciones en su contra.
La decisión judicial de imponer prisión preventiva subraya la gravedad de los cargos y la urgencia de garantizar la seguridad de la víctima mientras se desarrolla el proceso judicial. Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de una supervisión rigurosa en los entornos donde se confía su bienestar, como el transporte escolar.
La Fiscalía y demás autoridades competentes en Santander continúan trabajando para esclarecer por completo los hechos y llevar este caso hasta sus últimas instancias judiciales, buscando justicia para la menor y su familia. La comunidad de Lebrija espera respuestas y medidas contundentes ante este grave suceso que ha generado indignación y preocupación.