En un hecho histórico para la protección animal en Colombia, el presidente Gustavo Petro sancionó este miércoles las Leyes Ángel y Lorenzo, dos normas que refuerzan significativamente los mecanismos legales para prevenir el maltrato animal y mejorar las condiciones de vida de los animales que prestan servicios de vigilancia.
Ambas leyes fueron impulsadas por la senadora Andrea Padilla Villarraga, con el respaldo de legisladores como Juan Carlos Wills Ospina, Ariel Ávila Martínez, Daniel Carvalho Mejía y Ana María Castañeda Gómez. Estas iniciativas nacen de conmovedores casos que indignaron a la ciudadanía y encendieron el debate sobre la necesidad de una legislación más estricta y humanitaria.
Ley Ángel: justicia para las víctimas del maltrato animal
La Ley Ángel, que modifica el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989), lleva el nombre de un perro víctima de un acto de crueldad extrema en Saboyá, Boyacá, en 2021. Ángel fue hallado con el 80 % de su cuerpo despellejado y, aunque fue atendido por la Fundación Mi Mejor Amigo, falleció en febrero de este año. Su caso se convirtió en símbolo nacional de la lucha contra el maltrato animal.
La nueva ley aumenta las penas por actos de crueldad: quienes maten con dolo, lesionen gravemente o abusen sexualmente de un animal podrán recibir penas de más de 4 años de prisión, lo que convierte estos delitos en no excarcelables. Las multas también se incrementan sustancialmente y se establecen sanciones accesorias como la prohibición de tener animales, la inhabilidad profesional en ámbitos relacionados y la creación de un registro nacional de maltratadores.
Ley Lorenzo: dignidad y bienestar para los perros de vigilancia
Por su parte, la Ley Lorenzo se enfoca en los animales utilizados en labores de seguridad privada. Inspirada en el caso de Lorenzo, un perro maltratado mientras trabajaba en el centro comercial Andino de Bogotá, esta norma busca reducir su uso progresivo mediante el desarrollo de tecnologías alternativas, al tiempo que impone estándares estrictos de bienestar para aquellos que aún están en servicio.
La norma establece que los perros de vigilancia no podrán ser utilizados más allá de los seis años de edad, deberán ser esterilizados desde los seis meses y contarán con condiciones óptimas de alojamiento, descanso y alimentación. Además, se exigirá la instalación de cámaras en caniles y puestos de trabajo, y se creará un registro nacional para su monitoreo.
El cumplimiento de esta ley será vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como por entidades territoriales, que deberán garantizar la aplicación de las nuevas disposiciones.
Con estas leyes, Colombia se posiciona a la vanguardia en protección y bienestar animal en América Latina, marcando un hito en la evolución de los derechos de los animales y el compromiso institucional con su dignidad.